Amado Lorenzo
Oportunidades y riesgos
Antecedentes
La constitución española de 1978, todavía en vigor, estableció en sus artículos 157, 158, y otros, los principios a desarrollar posteriormente para la financiación de las CCAA.
Leyes posteriores de 2001 y 2009 establecen las formulas aplicables a las CCAA, excepto las comunidades Vascas y Navarras que se rigen por fueros históricos, que les benefician frente al resto.
Bases de la financiación
Hemos consultado 12 informes (300 páginas) pre-seleccionados, que explican con lujo de detalles las complicadas formulas de distribución de los ingresos del reino y las CCAA para cubrir los gastos de las competencias transferidas.
Probablemente no habría tantos problemas si también SE HUBIERAN TRANSFERIDOS TODOS LOS EMPLEADOS Y OFICINAS. Al no hacerlo se duplicaron los gastos, creando deficits, al no ser suficientes los mismos ingresos para cubrir la duplicidad de los gastos, lo que provocó mayores endeudamientos.
Las autonomías son responsables de cubrir los gastos de la sanidad, servicios sociales y el ¿resto de las competencias? y no hemos encontrado elementos efectivos de cómo se debe ejercer la supervisión del estado cuando no se cumplen las reglas de una buena gestión.
¿Cuáles son los problemas actuales?
Las variables que determinan la distribución de los ingresos se basan en el territorio, el carácter insular, la dispersión de la población, la estructura demográfica y algunos adicionales y siempre considerando que estas reglas solo se aplican a las CCAA no forales.
Las formulas de distribución son muy complicadas. En un contacto con la Secretaría general de coordinación autonómica y local, nos informaron que solo entregan información sobre los datos de distribución a organizaciones .... para evitar ... errores de interpretación .....
En una encuesta que realizamos entre diputados nacionales, regionales, partidos políticos y hasta profesores universitarios, nuestra sorpresa fue enorme, pues más del 95% de los encuestados reconocen que no entienden las formulas de distribución ..... eso si, que “creen que perjudican a su partido o comunidad” debido a que no tienen en cuenta algunas variables como la población real, al no incluir la cifra de indocumentados reales, a los cuales se les prestan servicios sanitarios y sociales .... etc. pero no saben explicar como.
En estos momentos, la comunidad autónoma de Cataluña que se encuentra en una situación extremadamente difícil, debido a una gestión ineficiente (embajadas en el extranjero, televisiones autonómicas no rentables, gastos duplicados por el uso de los idiomas co-oficiales locales, viajes interminables innecesarios, tarjetas de créditos asignadas a políticos que no justifican sus gastos, etc. por lo que les han cortado el crédito, pide que se cambien las reglas del juego y exige que se le otorgue un “pacto fiscal” semejante al de los Vascos y Navarros o de lo contrario amenazan con pedir la independencia.
Si se les otorgara el pacto que piden, podrían cobrar todos los impuestos de las empresas en su región, negándose posteriormente a abonar al estado la parte que le correspondería.
No se entiende que el llamado pacto fiscal debe desaparecer, en lugar de extenderse a todas las autonomías, lo que sería inviable, pero, ¿Quién le pone el cascabel al gato, explicándoles que esto no es posible?
Oportunidades
Aunque es muy difícil que en estos momentos el actual gobierno del PP se atreva a plantear una mejora, que pasaría por la modificación o una primera enmienda de la constitución, esta sería la solución permanente.
La constitución española de 1978, que la mayoría calificaba de “perfecta”, fue en realidad una constitución de “consenso” para permitir un cambio pacifico del régimen franquista a la democracia y cumplió su objetivo.
Gracias a esta constitución se han obtenido bastantes progresos, el ingreso en la Unión Europea y la juventud comienza su integración en la nueva Europa, pero no es suficiente para afrontar las nuevas directrices comunitarias.
Algunos de los problemas que aún tenemos que afrontar se basan en que el sistema social y económico - no el político – del régimen anterior, que contenía algunas protecciones para los obreros y las familias que el sistema social y económico de la economía actual no permiten. Los sindicatos se niegan a perder sus privilegios –financiados por el estado y las ventajas de los convenios laborales – y los políticos se niegan a someterse a sistemas electorales abiertos, en lugar del actual que les permite ser “nombrados a dedo” por los “barones” de los partidos.
Esta es la única razón que permite comprender como es posible que políticos procesados por corrupción continúen siendo designados diputados y hasta ministros y cuando no es posible, nombran a sus hijos en su lugar.
Las leyes y directrices comunitarias intentan eliminar los privilegios de algunos territorios, como los paraísos fiscales dentro de la UE y los derechos forales que benefician unos territorios en detrimento de los otros, por lo que sería el momento adecuado para plantear un sistema uniforme para todo el reino.
Un sistema más sencillo y transparente que evite reacciones no deseadas
Es conveniente, por lo tanto, elaborar un sistema más sencillo, uniforme y transparente para distribuir la financiación y también la llamada “solidaridad” sin que estas se vuelvan permanentes, pues el objetivo de las subvenciones es igualar las regiones en UN PLAZO RAZONABLE DE TIEMPO.
Una de las quejas de las CCAA más ricas es que las más pobres han derrochado los enormes recursos que les han otorgado desde el fondo de Solidaridad y la UE.
Constantemente se hacen comentarios a la gestión de comunidades, como la andaluza entre otras, cuya gestión deja mucho que desear a pesar de que ha recibido enormes cantidades que deberían haber subsanado sus problemas estructurales.
Uno de los motivos por el que los políticos no desean que se conozcan las reglas de distribución de impuestos a las CCAA, es que de conocerse, los habitantes de las mismas se darían cuenta que consumiendo solamente productos locales o al menos facturados por empresas “domiciliadas” en su territorio obtendrían una asignación mayor de los impuestos del estado. Situación peligrosa pues se trataría de una “anti-globalización” regional. Las comunidades más ricas, Madrid, la CCAA Vasca y Cataluña se verían afectadas por una reacción de este tipo.
Nivel democrático para efectuar el cambio
Hemos estimado que la juventud española actual necesitará entre 20 y 25 años para elevar su nivel democrático de tan solo 1,95* (escala 1 – 10) a un nivel más cercano a Francia o Alemania ( 6 –7).
Mientras no se realice un cambio generacional efectivo, será más difícil lograr un sistema justo, pues grupos minoritarios radicales aprovechan la falta de información y nivel en su provecho provocando situaciones extremas.
¡POR LO TANTO, DEBEMOS ROGAR AL SEÑOR QUE NOS PROTEJA E ILUMINE A NUESTROS DIRIGENTES (¿FUHRER MERKEL? A ENCONTRAR LA SOLUCION IDEAL!
Fuentes: csic minhac ine
(*) El Reino de Borondongo –cap 6
